El Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que da forma a la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). Supone una de las reformas más relevantes del marco antiblanqueo español de las últimas décadas y busca alinear la normativa nacional con el paquete europeo de 2024 y con los estándares del GAFI.
La nueva autoridad concentrará funciones que hoy están repartidas entre el Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Asumirá inteligencia financiera, supervisión, inspección y potestad sancionadora. También se hará cargo de un ámbito que hasta ahora no tenía un responsable claro en España: la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ANIFI será además el único interlocutor español ante la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo, AMLA.
El anteproyecto trae varios cambios que afectan directamente a las entidades obligadas del sector financiero:
- Titularidad real de las personas jurídicas: El Registro Central ganará nuevas potestades de inspección y sanción para verificar quién controla realmente a una empresa. Es un giro hacia más transparencia en un terreno donde hasta ahora había margen de opacidad.
- Idoneidad como filtro de entrada: El segundo afecta a quién puede operar en el sector. El texto endurece los requisitos de idoneidad y prohíbe que personas condenadas por blanqueo ejerzan como sujetos obligados o dirijan a uno. Es un filtro que antes no existía con esta claridad.
- Ampliación del perímetro de sujetos obligados: El anteproyecto amplía el perímetro de sujetos obligados. Algunos aspectos de su aplicación práctica se concretarán durante la tramitación y el posterior desarrollo normativo. Habrá que esperar a las siguientes fases de tramitación para saber qué actores entran en el radar.
La financiación de ANIFI también llama la atención. No dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se sostendrá con una tasa a entidades financieras y operadores de juego, más un porcentaje de las sanciones que imponga.
La nueva autoridad aprovechará la estructura y recursos del FROB, que asumirá un papel central en el nuevo modelo institucional de supervisión antiblanqueo.
