La Ley 2573 de 2026 marca un cambio de fondo para el sector financiero en Colombia. Frente a los casos de suplantación de identidad, ya no alcanza con reaccionar ante el reclamo del cliente, sino que las entidades deberán demostrar con evidencia cómo validaron a la persona y cómo gestionaron el caso.
Con la entrada en vigor del régimen general prevista para noviembre, el foco se traslada de la atención posterior al fraude a la capacidad operativa de prevenirlo, probarlo y responderlo a tiempo.
En la práctica, esto obliga a bancos y entidades crediticias a revisar sus procesos de onboarding, sus controles de autenticación y la trazabilidad de cada vinculación. El desafío que se presenta es sostener un expediente robusto que permita acreditar qué medidas se aplicaron, qué señales se registraron y cómo actuó la entidad cuando se presentó una denuncia por suplantación.
En este video, Angélica González Barrantes, Identity Solutions Manager Colombia, resume este nuevo escenario y subraya que el cambio regulatorio exige una respuesta operativa antes de noviembre.
También señala cinco obligaciones operativas que los bancos deben tener claras:
- Reforzar la verificación de identidad con herramientas como prueba de vida y lectura NFC.
- Dejar trazabilidad completa de cada proceso de onboarding.
- Responder de forma automática ante cada denuncia, suspendiendo los cobros asociados.
- Proteger el historial crediticio del cliente mientras se revisa el caso.
- Sostener un esquema de evidencia que permita acreditar internamente y ante terceros cómo se gestionó la supuesta suplantación.
Para las entidades financieras, el desafío es doble. Por un lado, deberán ajustar procesos, tecnología y tiempos de respuesta; por otro, tendrán que asegurar que esas capacidades funcionen de forma consistente en canales digitales, remotos y presenciales.
El video de González Barrantes resume el punto de inflexión que enfrenta la banca colombiana: pasar de gestionar reclamos a demostrar, con evidencia, que sus controles funcionaron.
