El Gobierno de Brasil ha prohibido las apuestas deportivas y los casinos online en todo el país. La medida provisoria, publicada el 25 de septiembre, veta la explotación, oferta, intermediación y publicidad de este tipo de apuestas, conocidas como apuestas de cuota fija.
La medida entró en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diário Oficial da União. Desde ese momento quedan bloqueados los nuevos depósitos y los usuarios disponen hasta el 5 de octubre para retirar sus saldos. El Congreso Nacional tiene un plazo máximo de 120 días para aprobar esta normativa de manera definitiva.
Las apuestas de cuota fija se legalizaron en Brasil en 2018 y se regularon en 2023 con la Ley 14.790, que estableció un régimen de autorizaciones y obligaciones para los operadores. El Gobierno justifica esta prohibición por el impacto del juego online en el endeudamiento de los hogares, los problemas de adicción y el acceso de menores.
Un mercado de 37.000 millones de reales en pausa
En 2025, el mercado regulado de apuestas generó unos ingresos brutos de juego (GGR) de 37.000 millones de reales, según los datos de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda. Ese año operaban 79 empresas autorizadas y 25,2 millones de brasileños realizaron al menos una apuesta.
La prohibición afecta también a la recaudación pública, que ingresaba de media unos 800 millones de reales al mes procedentes del sector, y a los operadores que pagaron 30 millones de reales por licencias de cinco años. El IBJR ha señalado que las empresas estudian acudir a los tribunales para recuperar el valor de esas licencias y de sus inversiones. El impacto alcanza a sectores vinculados como el fútbol, cuyos principales clubes recibieron 1.100 millones de reales en patrocinios de casas de apuestas en 2025.
Los riesgos que prohibición y regulación buscan contener
Los objetivos que el Gobierno ha señalado para justificar la prohibición son los mismos riesgos que todo regulador del juego busca contener.
La dificultad está en que la demanda de apuestas no suele desaparecer con una prohibición. Brasil tiene su propio ejemplo en el jogo do bicho (una lotería clandestina ilegal desde los años cuarenta y todavía presente en el país). Por eso, muchos marcos regulatorios del juego online se apoyan en la idea de canalización, que consiste en mantener la actividad en un entorno autorizado donde es posible saber quién apuesta y controlar cómo lo hace.
El modelo brasileño seguía esa lógica. Los operadores debían verificar la identidad de cada apostador con su CPF y un reconocimiento facial antes de abrirle una cuenta, impedir el registro de menores y comprobar que no figuraba en listas de exclusión. Los depósitos solo podían hacerse desde una cuenta bancaria a su nombre, sin tarjetas de crédito ni pagos de terceros, y las operaciones atípicas debían comunicarse al COAF, la unidad de inteligencia financiera del país.
Para los operadores, estos requisitos iban más allá de un trámite de alta. Una verificación de edad real exige comprobar que el documento es auténtico, que corresponde a quien se registra y que esa persona está presente en el momento de la verificación, mediante una prueba de vida (liveness). Así se impide que un menor utilice el documento o la imagen de un adulto para abrir una cuenta.
Si parte de los apostadores se traslada a plataformas no autorizadas, estos controles dejan de aplicarse sobre ellos. Ese es el equilibrio que el Congreso tendrá que valorar en los próximos 120 días, entre la protección que busca la prohibición y el riesgo de que parte de la actividad quede fuera del perímetro controlado.
Si la medida se modifica o el mercado vuelve a abrirse en el futuro, es probable que lo haga con requisitos de identidad iguales o más exigentes que los anteriores. En ese escenario, los operadores que aspiren a operar necesitarían demostrar desde el primer día que controlan quién accede a su plataforma y que pueden acreditarlo ante el regulador.
Cómo afecta la transición al sector financiero
La prohibición abre dos escenarios que se suceden en el tiempo y que combinan riesgos de fraude y de cumplimiento normativo.
Suplantación durante la retirada de saldos
Hasta el 5 de octubre, los operadores con licencia transfieren los saldos por canales legítimos. Un plazo cerrado y un volumen alto de usuarios pendientes de un reembolso forman el contexto habitual de las campañas de ingeniería social. Cabe esperar mensajes, webs y perfiles que suplantan a casas de apuestas para obtener credenciales o datos bancarios con el pretexto de agilizar la devolución, un paso previo frecuente a la apropiación de cuentas (account takeover).
Cuentas mula tras el cierre del mercado legal
Si los operadores mantienen su actividad de manera ilegal, necesitarán cuentas en bancos y fintechs para cobrar las apuestas. Es la lógica de las cuentas mula, una de las tipologías más conocidas del blanqueo de capitales: cuentas abiertas con identidades robadas o sintéticas, o cedidas por sus titulares a cambio de una comisión, que reciben fondos de muchos orígenes y los redistribuyen con rapidez para dificultar su trazabilidad. Para la entidad, esto se traduce en dos riesgos.
- Tiene clientes que no son quienes dicen ser.
- Canaliza fondos de una actividad ilegal, lo que la expone a sanciones si no detecta y comunica esas operaciones al COAF.
Un marco normativo abierto
Mientras la medida provisoria no se convierta en ley, operadores y entidades financieras trabajarán con reglas que pueden volver a cambiar. En este contexto gana peso un enfoque de compliance-by-design, con controles que se adaptan a los cambios normativos sin rediseñar cada proceso.
Sea cual sea el resultado de la tramitación, el caso brasileño muestra cómo un cambio regulatorio en un sector puede tener efectos en la gestión del riesgo de otro. Para las entidades financieras de la región, anticipar ese desplazamiento forma parte del trabajo de prevención.
