El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI (FATF por sus siglas en inglés), es el organismo que fija los estándares globales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sus evaluaciones mutuas no son auditorías optativas: determinan la reputación internacional del sistema financiero de un país, su acceso a mercados de capitales y la intensidad del escrutinio al que están sometidas sus entidades cuando operan con contrapartes extranjeras. Un país en lista gris del GAFI genera costes concretos para las entidades financieras que operan bajo su jurisdicción.
Colombia lo sabe desde 2018. Lleva en seguimiento reforzado del GAFILAT, el organismo regional al estilo del GAFI para América Latina, desde su evaluación mutua de hace ocho años. Lo que cambia ahora es el criterio con el que va a ser evaluada la próxima vez, y ese cambio es fundamental.
El GAFI cambió la pregunta. El sector financiero todavía no ha cambiado la respuesta.
En 2022, el GAFI adoptó una nueva metodología de evaluación que entró en operación en 2024. Los primeros países evaluados bajo esta metodología, entre ellos Austria, Italia y Singapur, cuyos informes se aprobaron en el plenario de febrero de 2026, ofrecen ya un patrón claro sobre lo que el nuevo estándar exige.
La 5ª Ronda desplaza el foco del marco legal al resultado demostrable: si los controles producen detección real, reportes de calidad y casos documentados, o si solo producen políticas y procedimientos archivados.
La diferencia entre un país que supera la evaluación y uno que no está en si las entidades financieras privadas pueden demostrar que ese SARLAFT funciona en la práctica, con evidencia concreta.
Colombia tiene entre uno y dos años para preparar esa demostración.
Según la UIAF, la evaluación mutua de Colombia bajo la Metodología de la 5ª Ronda está prevista entre 2027 y 2028. Los evaluadores van a llegar a un sistema financiero que ha experimentado una transformación regulatoria significativa: Circular Básica Jurídica consolidada, Decreto 0368/2026 sobre Finanzas Abiertas, y la Ley Estatutaria 2573 de mayo de 2026 sobre suplantación de identidad.
Colombia no carece de marco normativo sólido, pero el riesgo está en lo que la 5ª Ronda ya ha mostrado con los primeros países evaluados: los sistemas que están bien sobre el papel pero muchos no generan evidencia operativa de su funcionamiento y por tanto no superan el nuevo criterio de efectividad.
Los evaluadores van a hacer preguntas concretas sobre resultados al sector financiero privado: ¿cuántas cuentas mula detectó su sistema el último año? ¿Qué señales dispararon las alertas? ¿Qué rastro de evidencia existe desde la alerta hasta el reporte a la UIAF? ¿Cómo mejoró la calidad de sus reportes de operaciones sospechosas respecto al ciclo anterior?
La Ley 2573 y la 5ª Ronda miden lo mismo desde ángulos distintos.
La Ley 2573, con vigencia en noviembre de 2026, exige que las entidades financieras demuestren que sus controles de verificación de identidad eran suficientes cuando se alega una suplantación. La prueba no es la política: es el log del proceso. El registro de qué se verificó, con qué tecnología, qué resultado produjo y qué decisión tomó el sistema.
La Metodología de la 5ª Ronda del GAFI exige exactamente lo mismo, con un alcance más amplio: que los controles del sistema AML/CFT produzcan resultados medibles y documentados en tiempo real (monitoreo transaccional con IA), no solo en retrospectiva.
Entidad preparada para noviembre 2026: onboarding auditable, monitoreo continuo, trazabilidad de alertas. Tiene la infraestructura que el GAFILAT va a querer ver en 2027 cuando pregunte cómo funciona el SARLAFT en la práctica.
Entidad con políticas, pero sin arquitectura: mismo problema en dos frentes, frente a la SFC bajo la Ley 2573 y frente al GAFILAT bajo la Metodología de la 5ª Ronda.
Una entidad que construya la arquitectura de evidencia que exige la Ley 2573 está construyendo simultáneamente la respuesta al criterio de efectividad de la 5ª Ronda. No son dos proyectos paralelos. Son el mismo proyecto con dos fechas de entrega: noviembre de 2026 para la regulación doméstica, y 2027-2028 para la evaluación internacional.
Papel del sector financiero privado en la evaluación.
Una evaluación mutua del GAFILAT no solo audita al regulador. Audita al sector financiero privado. Los equipos evaluadores visitan entidades, entrevistan equipos de compliance, revisan casos reales y evalúan la calidad de la inteligencia financiera que el sector privado aporta al sistema nacional AML/CFT.
La calidad de los reportes de operaciones sospechosas que las entidades colombianas envían a la UIAF es uno de los indicadores que más peso tiene en ese proceso. Y esa calidad depende directamente de la robustez de los controles internos de verificación y monitoreo, incluido el AML screening: un reporte respaldado por logs de autenticación, señales de biometría conductual, alertas de cambio de dispositivo y análisis de patrón transaccional tiene un valor analítico completamente distinto a uno construido sobre una revisión manual de movimientos pasados.
El GAFI (FATF por sus siglas en inglés) es el organismo internacional que fija los estándares globales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sus evaluaciones mutuas determinan la reputación del sistema financiero de cada país, su acceso a mercados de capitales y el escrutinio que soportan sus entidades al operar con contrapartes extranjeras.
GAFILAT es el grupo regional de la red GAFI para América Latina; agrupa a 18 países y apoya la implementación de las 40 Recomendaciones mediante evaluaciones mutuas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Colombia tuvo su informe de evaluación mutua aprobado en 2018 y posteriormente ha sido objeto de informes de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico. Será evaluada de nuevo bajo la Metodología de la 5ª Ronda.
La 5ª Ronda es la nueva metodología de evaluación del GAFI, adoptada en 2022 y operativa desde 2024, que desplaza el foco del marco legal al resultado demostrable. Los evaluadores ponen mayor foco en las evidencias de detección real, reportes de calidad y casos documentados que prueben que los controles funcionan en la práctica.
La evaluación mutua de Colombia bajo la Metodología de la 5ª Ronda está prevista entre 2027 y 2028, según la UIAF. Los evaluadores del GAFILAT revisarán tanto al regulador como al sector financiero privado: visitarán entidades, entrevistarán a los equipos de compliance y evaluarán la calidad de la inteligencia financiera que el sector aporta al sistema.
Las 40 Recomendaciones del GAFI son el estándar internacional que define cómo deben prevenir los países el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cumplirlas técnicamente ya no es el criterio decisivo: la 5ª Ronda evalúa si esas recomendaciones producen resultados operativos medibles, no si están trasladadas al papel.
Un país en lista gris del GAFI genera costes directos para sus entidades financieras: mayor escrutinio de contrapartes extranjeras, encarecimiento de la banca corresponsal y fricción en el acceso a mercados de capitales. Por eso la preparación de la evaluación mutua no es un asunto del regulador: es un riesgo de negocio de cada entidad.
La efectividad del SARLAFT se demuestra con evidencia operativa, no con políticas: logs de verificación de identidad, trazabilidad desde la alerta hasta el reporte a la UIAF, métricas de detección de cuentas mula y mejora documentada en la calidad de los reportes de operaciones sospechosas. Los sistemas correctos sobre el papel que no generan esa evidencia no superan el criterio de la 5ª Ronda.
