Por Ramón Villot Sánchez, Legal & Compliance Director
Entre la solidez de un marco normativo pionero y las críticas a su excesiva burocracia
La regulación sobre protección de datos y su interacción con la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los mayores retos jurídicos de nuestro tiempo. La Unión Europea, a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ha sentado las bases de un marco normativo exigente, imponiendo obligaciones rigurosas a las organizaciones que desarrollan o emplean tecnologías basadas en IA.
El RGPD y el principio de “privacidad desde el diseño”
Uno de los pilares del RGPD es el principio de “privacy by design”, que exige que la protección de datos personales esté integrada desde el diseño inicial de cualquier sistema tecnológico. Esto significa que el tratamiento de datos debe realizarse siempre con el consentimiento explícito del titular y bajo estrictas medidas de seguridad. El incumplimiento de estas normas no es menor: las sanciones pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación global anual de la empresa.
La Ley de inteligencia artificial europea: control e innovación
Desde el 1 de agosto de 2024, la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la UE ha entrado en vigor con un objetivo claro: asegurar que los sistemas de IA operen de forma ética, confiable y segura. Esta normativa aplica un enfoque basado en el riesgo, clasificando las aplicaciones de IA según su nivel de impacto potencial y estableciendo requisitos diferenciados para cada categoría. El reto es ambicioso: proteger los derechos fundamentales sin frenar la innovación tecnológica.
La visión del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
El Comité Europeo de Protección de Datos ha publicado un dictamen clave que aborda los principales desafíos del tratamiento de datos personales en el contexto de la IA, centrándose en tres puntos críticos:
- Anonimización de datos: aunque muchos modelos de IA aseguran tratar datos de forma anónima, el CEPD aclara que esta condición solo se cumple si el riesgo de reidentificación es insignificante.
- Interés legítimo como base legal: invocar el interés legítimo para justificar el tratamiento de datos en IA requiere una evaluación cuidadosa, equilibrando ese interés con derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión o la no discriminación.
- Licitud de los datos utilizados: cuando el entrenamiento de un modelo de IA se basa en datos obtenidos sin consentimiento o de origen dudoso, el CEPD recomienda aplicar técnicas de anonimización desde la fase inicial para minimizar riesgos legales.
Retos reales, soluciones responsables
Las organizaciones que no gestionan adecuadamente los riesgos asociados a la IA pueden enfrentar serias consecuencias legales, especialmente si recurren a prácticas como el web scraping o la adquisición de bases de datos de origen no verificado. Al mismo tiempo, las autoridades europeas deben encontrar el equilibrio entre proteger los derechos de los ciudadanos y permitir un entorno propicio para el desarrollo tecnológico.
En este contexto, simplificar el marco normativo sin perder garantías será clave. El avance de la IA plantea desafíos que no pueden resolverse con rigidez regulatoria, sino con marcos legales dinámicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la educación tecnológica.
IA y privacidad: avanzar sin comprometer derechos
La relación entre inteligencia artificial y protección de datos exige una visión integral: es necesario garantizar la seguridad y privacidad de las personas sin frenar el progreso. La solución no pasa por una regulación excesiva, sino por fomentar la autorregulación responsable, el cumplimiento ético y una colaboración activa entre legisladores, empresas y sociedad civil. Solo así podremos desbloquear todo el potencial de la IA, construyendo al mismo tiempo una base sólida de confianza y respeto por los derechos fundamentales.
